08 Apr Boletín de Actualidad Jurisprudencial en Derecho de Seguros · #2

Vélez Gutiérrez Abogados se complace en presentar a la comunidad jurídica, el segundo número de nuestro Boletín de actualización jurisprudencial, con el fin de fomentar el estudio del derecho de seguros y de contribuir a su estudio y actualización. Con tal fin, en forma mensual la firma publicará breves reseñas jurisprudenciales en torno al Contrato de Seguro y a las decisiones más recientes en esta materia.

 

1. ¿Es procedente el empleo de la acción de tutela con el fin de proteger los derechos fundamentales al mínimo vital y la protección de personas en estado
de incapacidad, cuando una Compañía de Seguros niega el pago reclamado por concepto del amparo de Incapacidad Total y Permanente previsto en una Póliza
Vida Grupo Deudores?

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional a través de Sentencia T-007/15, con ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio, expediente T-4511964 respondió en forma afirmativa el presente problema jurídico.

A juicio de la accionante, la conducta de la Compañía de Seguros accionada vulneraba sus derechos a la dignidad humana, a la vida digna, a la igualdad, al mínimo vital, al debido proceso y a la seguridad social de una persona, con su negativa a hacer efectivas las pólizas de seguro de vida por el riesgo de incapacidad total y permanente que amparaba la obligación crediticia adquirida por una persona, argumentando que la incapacidad que presenta constituye una incapacidad parcial y no total que le impidan desempeñar cualquier trabajo remunerativo, cuando está acreditada que este es del 95.45%.

En ese sentido, la orientación argumentativa de la Corte Constitucional, puede sintetizarse de la siguiente forma:

“Desde este punto de vista la regulación jurídica de la actividad de los seguros, aun cuando forma parte del derecho privado, ofrece aspectos que no corresponden exactamente a los principios que caracterizan este ordenamiento. Uno de ellos se refiere a la intensidad de la regulación legal de la contratación propia de los seguros, que por tratarse de una actividad calificada por el Constituyente como de interés público habilita al legislador para regular los requisitos y procedimientos a que deben ceñirse los contratantes, sin que ello signifique que se eliminen principios inherentes a la
contratación privada. Para la Sala resulta claro que la jurisprudencia constitucional permite establecer límites a la libertad de contratación en materias declaradas constitucionalmente como de interés público y por tanto, no es aceptable, a la luz de los derechos fundamentales de mínimo vital y vida en condiciones dignas, que la negativa al reconocimiento y pago de una prestación derivada de un riesgo asegurado por incapacidad total permanente, se fundamente exclusivamente en la libertad de contratar y en una interpretación netamente legal del clausulado contractual. Si bien la calificación de la invalidez en el régimen general de seguridad social en pensiones exige unos requisitos específicos, entre ellos que la persona sea calificada con más del 50 por ciento de pérdida de la capacidad laboral para que sea declarada inválida permanente y pueda acceder a la pensión por ese concepto, no puede perderse de vista que en materia de seguros de vida, en especial en cuanto atañe a las cláusulas generales de amparo por incapacidad total y permanente, al no establecerse un parámetro claro de calificación en caso de invalidez del asegurado, como mínimo deberá garantizarse el estándar que se exige en aquel régimen, es decir, que el asegurado sea calificado por lo menos con el 50 por ciento de pérdida de la capacidad laboral para que se estructure el riesgo
asegurado. No obstante, cada caso deberá analizarse en concreto por el juez constitucional cotejando el texto del clausulado contractual con los principios y valores que enseña la Constitución Política como norma superior, además de estudiar las especiales condiciones que demuestre el asegurado y la garantía plena a sus derechos fundamentales (…) Además, la Sala considera que en el presente asunto se debe conceder el amparo. Observa la Corte que con su actuar la empresa aseguradora Seguros Bolívar S.A. vulneró los derechos fundamentales de la señora Lorena Florián Dávila al negarle el pago de la póliza, con el único argumento de que la pérdida de capacidad laboral del 95.45 por ciento no es una disminución total sino parcial y que puede desempeñarse laboralmente
en otras áreas. Dentro de la foliatura se probó plenamente el estado de discapacidad o disminución física que padece la actora, asunto sobre el cual no ha habido ninguna controversia. Claramente se ve menguado el mínimo vital porque la peticionaria quedo desempleada por su incapacidad para laborar y no contaba con un sustento diferente a su salario y la aseguradora no dio cuenta de eso y, por el contrario, ha mostrado indiferencia total ante un sujeto de especial protección constitucional. Además ella tomó el seguro previniendo que si le sucedía algún siniestro podía cubrir sus gastos o los de su familia con este. La pérdida de la voz, en el caso de una maestra, es una eventualidad grave, que la imposibilita para desempeñarse en su oficio. Era precisamente esta contingencia la que fungía como causa para que ella se asegurara. En la parte motiva de esta providencia quedó explicado que debido a que dentro de las clausulas generales del contrato de seguro de vida no se establece un parámetro claro en caso de invalidez o incapacidad del tomador para que se constituya el riesgo asegurado, este se debe garantizar como mínimo bajo el estándar del régimen de seguridad social en pensiones; esto es, cuando la incapacidad supera el 50 por ciento.”

De conformidad con lo anterior, la Corte tuteló los derechos fundamentales de la accionante y, en consecuencia, revocó las decisiones de instancia y ordenó a la aseguradora accionada pagar a la accionante el pago de la indemnización correspondiente al amparo de Incapacidad Total y Permanente.

2. ¿La no vinculación de una Compañía de Seguros dentro de un procedimiento administrativo tendiente a hacer efectivo del decomiso de mercancías, que se encuentra amparado mediante la Póliza expedida para fin, genera nulidad de lo actuado por violación del debido proceso y el derecho de defensa?

 

La respuesta al referido problema jurídico fue resuelta de manera negativa, por parte de la Sección Primera del Consejo de Estado a través de la Sentencia de fecha 05 de febrero de 2015, con ponencia del Dr. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente 00482, variando así sustancialmente la línea jurisprudencial establecida, de conformidad con las siguientes consideraciones:

“Sobre la intervención de la compañía de seguros en procesos de decomiso de mercancías respaldadas por una póliza en reemplazo de aprehensión, sea esta la ocasión para rectificar la posición jurisprudencial que anteriormente sostenía esta Sección, en el sentido que cuando la aseguradora no había sido vinculada al proceso se declaraba la nulidad de lo actuado, por considerarse aquella como un tercero interesado en las resultas del mismo19. En esta oportunidad, la Sala advierte que la no intervención de la aseguradora en este tipo de procesos no genera vicio alguno, en la medida en que su participación no halla una relación directa con el cuestionamiento de legalidad del acto de decomiso, sino que su interés versa concretamente sobre la efectividad de la póliza. En este orden, las pretensiones de la aseguradora a ese respecto, bien pueden ser planteadas ante esta Jurisdicción al demandar el acto por el cual se declara incumplida la obligación de devolver la mercancía y se ordena hacer efectiva la respectiva garantía. Nótese, entonces, que en el proceso por el cual se controvierte el acto de decomiso, el eventual llamamiento de la aseguradora no es siquiera necesario al no adoptar ésta la calidad de tercero interesado en el proceso, por las razones anotadas.”

 

3. ¿En el seguro de vida deudores es válida la terminación automática cuando se corrobora que el obligado incurrió en mora y no se puso al día durante el mes de gracia, independientemente de las razones que lo llevaron a incumplir sus obligaciones, no siendo necesario notificar tal terminación al tomador?

La respuesta al interrogante antes referido fue respondida de manera afirmativa por la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional a través de la sentencia T-065 del 13 de febrero de 2015, con ponencia de la Dra. María Victoria Calle Correa, expediente T-4525242.

En el presente caso, la viuda y las hijas sobrevivientes de una persona que suscribió un seguro de vida y que falleció 10 años después, exigen el pago de la respectiva póliza, de sus intereses y de los perjuicios que han sufrido como consecuencia de su impago. La aseguradora se opuso a sus pretensiones arguyendo que el contrato había terminado antes de la muerte del tomador porque la entidad bancaria a la que este le había encargado la labor de realizar el débito automático de las primas mensuales, no realizó el pago de una de ellas.

Las tutelantes demandaron a la aseguradora por responsabilidad civil contractual, pero los jueces ordinarios, quienes no vincularon al banco, profirieron sentencia absolutoria en primera (1ª) y segunda (2ª) instancia. A su juicio, si bien existía saldo suficiente en la cuenta corriente del difunto para el momento en que debía realizarse el pago, y la entidad financiera podía debitar el dinero de cualquiera de sus otros productos bancarios, los errores, omisiones o fallas que se hubiesen presentado en dichas operaciones no excusaban al asegurado de realizar el pago, toda vez que estos problemas eran parte de la relación entre el cliente y el banco y no le eran oponibles a la aseguradora.

Inconformes con estas decisiones, las tutelantes presentaron la acción objeto de revisión por la presunta comisión de un defecto sustancial o material, un defecto fáctico y una violación directa de la Constitución, causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En sede de revisión, la Corte Constitucional, efectuó las siguientes consideraciones:

“El Legislador suprimió la obligación que tenía el asegurador de notificarle al tomador la terminación del contrato por mora en el pago de la prima y, este último fenómeno jurídico (la terminación) empieza a operar de manera automática, siendo deber del asegurador consignarla con caracteres destacados en la carátula de la póliza esta circunstancia (…) No obstante, la regla general según la cual la mora conduce a la terminación automática del contrato de seguro debe ser complementada con lo dispuesto en el artículo 1152 del Código de Comercio, el cual regula la manera en que opera dicha terminación cuando se trata, específicamente, de un contrato de seguro de vida. Así pues, el mencionado artículo otorga un ‘periodo de gracia’ dándole al asegurado la posibilidad de pagar la prima dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento para evitar la terminación del contrato (…) Respecto de la presunta comisión de un defecto fáctico en dimensión negativa por haber omitido valorar aquellas pruebas que demostraron que existían fondos suficientes en la cuenta de ahorros del señor Strauss para el momento del cobro de la prima, de los cuales podía haberse realizado el débito automático, solo bastaba corroborar que el difunto hubiese incurrido en mora y no se hubiese puesto al día durante el mes de gracia. Las razones que lo llevaron a incumplir sus
obligaciones eran ciertamente irrelevantes para efectos del proceso porque, independientemente de la responsabilidad que tuviera la entidad financiera o cualquiera otra persona en el débito fallido, lo que se debatía era estrictamente la legitimidad de la terminación automática del contrato por parte de la aseguradora. Esta lectura del ordenamiento jurídico resulta acorde con la Carta Política pues se fundamenta en el principio pacta sunt servanda, así como en los principios de buena fe, diligencia, equilibrio e igualdad, toda vez que busca evitar que el tomador se beneficie del contrato y exija a la aseguradora su cumplimiento, mientras él no cumple con sus obligaciones al haber olvidado verificar mes a mes que el banco hiciera el débito automático (…) Tampoco se presentó una violación directa a la Constitución porque las autoridades judiciales atacadas no adoptaron una interpretación legal contraria a la Carta Política, ni omitieron su deber de inaplicar una eventual excepción de inconstitucionalidad al declarar como válida la terminación automática del contrato a pesar de que la empresa respectiva no le notificó ese suceso al tomador. Por el contrario, la Sala piensa que actuaron de acuerdo con la ley y con la lectura que a esta le ha dado la Corte Constitucional. Como fue puesto de presente en el acápite sexto (6º) de esta providencia, en ejercicio de sus amplias facultades para regular la forma en que se celebran y se ejecutan los contratos comerciales, el legislador suprimió deliberada y justificadamente el trámite de notificación a través de la Ley 45 de 1990 con el ánimo de (i) sancionar al tomador que actúa de mala fe o de manera torpe, negligente o descuidada, y (ii) liberar al asegurador de continuar asumiendo el riesgo respectivo para impedir que, en mayor escala, se genere un colapso en el sector que atente gravemente contra su solvencia financiera y ponga en peligro los derechos e intereses de todos los que participan en él. De esta manera, y sin perjuicio de que a la aseguradora le esté permitido contactar a sus clientes para solucionar los problemas que se presenten en el pago de las primas, no es su deber notificarles su constitución en mora y puede, por ende, dar por terminado el contrato de seguro de manera automática vencido el mes de gracia sin lesionar su derecho fundamental al debido proceso y, particularmente, a la defensa y a la contradicción.”

No obstante lo anterior, en la providencia se plantea que la tesis conforme a la cual, el Juez tiene el deber oficioso de vincular al proceso al banco que figura como tomador de un seguro de vida grupo deudores, en los eventos en que la omisión del pago de la prima conlleva la terminación del seguro, se asocia con una actuación u omisión del Banco. En ese sentido, la Corte precisó:

“Si el juez civil encuentra a partir de la demanda y los elementos de juicio aportados por el accionante que existen razones suficientes para concluir que es imprescindible vincular a una parte (persona natural o jurídica) que no fue demandada para alcanzar una respuesta al problema jurídico que respete la prevalencia del derecho sustancial y se acerque al máximo a la verdad real, deberá llamarla al juicio, como presupuesto de la adecuada integración del contradictorio. De lo contrario, no podrá cumplir con las finalidades constitucionales del proceso, pues le será imposible esclarecer todos los hechos del caso y adoptar una decisión justa, en tanto refleje la prevalencia del derecho material sobre las formas del juicio (…) Sin embargo, la Sala encuentra que los jueces civiles y, especialmente, el Juzgado Veinte (20) Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, quien conoció en primera (1ª) instancia de la acción de responsabilidad extracontractual, incurrieron en un error sustantivo o material al omitir la vinculación oficiosa de Bancolombia al proceso ordinario de responsabilidad civil contractual que iniciaron las herederas del señor Strauss contra Seguros de Vida Suramericana S.A. y es que el juez civil tiene el deber oficioso de vincular a todas las personas cuya comparecencia sea necesaria para resolver el asunto que estudia, pues la indebida
conformación del contradictorio, incluso si se debe a la negligencia o incapacidad de la parte activa, debe ser superada por el funcionario judicial. Siendo evidente en el caso concreto que la omisión en el pago de la prima tuvo que ver con una actuación u omisión de la entidad financiera mencionada, en tanto no autorizó el débito automático a pesar de que existían fondos suficientes en la cuenta de ahorros del difunto, y resultaba posible, además, afectar su cuenta corriente, entre otros productos bancarios autorizados, los jueces naturales tenían el deber de vincular al Banco. Las providencias controvertidas en sede de tutela permitieron que un problema puramente operativo prevaleciera sobre el derecho sustancial, sirviendo de justificación para la terminación unilateral de dicho contrato y el impago de la póliza. En consecuencia, las respectivas autoridades judiciales desconocieron la normatividad aplicable al caso concreto relacionada con sus deberes como directores del proceso al omitir vincular al Banco.”

En consecuencia, la Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales de los accionantes al debido proceso y, en consecuencia, dejó sin valor ni efectos las sentencias judiciales materia de inconformidad y ordenó al Juzgador de Primera instancia que ordenara la vinculación del Banco al proceso, y luego de su vinculación, profiriese la sentencia judicial correspondiente.