07 Apr Boletín de Actualidad Jurisprudencial en Derecho de Seguros · #1

Vélez Gutiérrez Abogados se complace en presentar a la comunidad jurídica, el primer número de nuestro Boletín de actualización jurisprudencial, con el fin de fomentar el estudio del derecho de seguros y de contribuir a su estudio y actualización. Con tal fin, en forma mensual la firma publicará breves reseñas jurisprudenciales en torno al Contrato de Seguro y a las decisiones más recientes en esta materia.

En estas primeras entregas, se hará mención de algunas de las decisiones de mayor relevancia emitidas durante el transcurso del año 2015.

1. ¿Las exclusiones del Contrato de Seguro deben aparecer consignadas en la primera página de la Póliza, so pena que las mismas se encuentren incursas en ineficacia de pleno derecho?

La respuesta al interior interrogante fue respondida en forma afirmativa por la Sala Civil Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 29 de enero de 2015, con ponencia de la Dra. Margarita Cabello Blanco, al resolver una acción de tutela interpuesta contra la sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro de un proceso promovido en contra de una Compañía de Seguros, en la cual se exoneró a ésta última de su obligación indemnizatoria por operar una exclusión, que se encontraba incluida en la Póliza, pero no en la primera página.

En esta oportunidad, la Corte reiteró un precedente en un caso similar en sede de una acción de tutela, y con fundamento en una interpretación bastante polémica del artículo 1048 del C.Co., el art. 44 de la 45 de 1990, el art. 184 del EOSF y las Circulares Externas 007 de 1996 y 076 de 1999, con base a la cual concluyó:

“(…) En ese orden de ideas, la ‘exclusión’ contenida en el ‘anexo a la póliza para seguro de vida individual’ que en el sub júdice fue aportado como medio de acreditación, prueba esta que el Tribunal acusado tuvo como sustento para fincar su resolución, según viene de verse, resultada contraria lo dispuesto en la ley, toda vez que el marco legal que regula precisamente el tema de las ‘exclusiones en las pólizas de seguro’, dada su naturaleza pública, es de obligatorio cumplimiento y, por ende su inobservancia torna los pactos que se hagan en contrario como ineficaces, esto es, que no producen ningún efecto en el tráfico jurídico.

Es por ello, que los argumentos expuestos por el ad-quem censurado, se advierten contradictorios al entendido que sobre el tema dispuso el legislador, circunstancia por la que habrán de impartirse las órdenes pertinentes en aras de conjurar dicha anomalía.

Esta Corporación, en pasada ocasión encontró razonable la tesis expuesta por el tribunal allá accionado, cuyo objeto fue el análisis de la materia aseguraticia, concerniente con el lugar en que han de estipularse las exclusiones del contrato de seguro, so pena que sean ineficaces (…)

Según lo anterior, surge que el Tribunal censurado dejó reparar en si se cumplió lo estipulado por el legislador en aras de tener como eficaces las exclusiones ajustadas, esto es, si las mismas estaban contenidas o no ‘a partir de la primera página’ de la póliza, laborío que en el caso que se analiza es de vital trascendencia, tal que al quedar ayuno del pertinente estudio, dejó desprovista la sentencia del apego a la legalidad de todas y cada una debe albergar, lo que comporta la procedencia del resguardo anotado.” (…)

En consecuencia, la Corte tuteló los derechos fundamentales al debido proceso de la parte accionante, dejó sin valor ni efectos la sentencia de segunda instancia y ordenó al Tribunal, proferir nuevamente la providencia que ponga término a la controversia en segundo grado.

 

2. ¿Se encuentra habilitada la Administradora de Riesgos Profesionales para subrogarse contra el responsable del daño?

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia de fecha 14 de enero de 2015, con ponencia de la Dra. Margarita Cabello Blanco, Exp. No. 00144, respondió afirmativamente el presente interrogante, bajo la premisa que los pagos efectuados con motivo de la realización de una contingencia profesional, no tienen carácter indemnizatorio y, bajo esa medida si la víctima o sus causahabientes, se encuentran facultados para acumular las prestaciones emanadas del Sistema de Riesgos Profesionales (hoy laborales) con los rubros que componen normalmente una indemnización ordinaria de perjuicios en un juicio de responsabilidad extracontractual, esto es, el daño emergente y el lucro cesante. Al respecto, la línea argumentativa de la
Corte, puede sintetizarse de la siguiente forma:

“Los artículos 1667 y 1668 del Código Civil Colombiano, en su orden, contemplan las hipótesis de la subrogación tanto la que proviene de un pacto de los interesados como aquella que surge por la sola disposición de la ley. Por manera que, en línea de principio, una vez efectuado el pago la subrogación se produce y, con ello, connatural a dicha institución, sobreviene la sustitución del inicial acreedor; bajo esa perspectiva, quien satisface la contraprestación respectiva asume la posición de quien fuera en un comienzo su titular. Empero, a pesar de tal nitidez, el relevo señalado está
condicionado, además, a la concurrencia de un mínimo de requisitos, entre los cuales cumple señalar: Salvo el caso del artículo 1579 del C.C., la obligación que se satisface debe ser ajena, es decir, quien paga ostentará, de manera diáfana, la calidad de tercero; no resulta posible, entonces, que quien satisfaga el derecho de crédito sostenga vínculo alguno con la prestación debida; menos que aparezca como deudor, mandante o representante de éste. En otros términos, la solución brindada por esa persona ajena al crédito no será en respuesta a compromisos legales o convencionales, pues, en tal hipótesis, no estaría extinguiendo deuda ajena o por cuenta suya. También, como requisito para que opere la subrogación, se ha establecido que aquella persona por cuyo actuar se satisface el derecho de crédito insoluto, al proceder en tal sentido, afecte su propio patrimonio; por tanto, el pago realizado no develará una recepción previa de dineros cuyo destino tienda a esa finalidad, en cuanto que, de acaecer tal evento, comportaría una representación, mandato, agencia oficiosa, etc., en fin, desnaturalizaría el cumplimiento de la obligación a instancia del tercero (…) A lo anterior corresponde agregar que la obligación que se transmite bajo esa modalidad de pago, debe aparecer como susceptible de ser trasladada a persona diferente de quien era acreedor; en otras palabras, el crédito satisfecho será de aquellos que admita ser trasferido. Exigencia esta que permitirá radicar en cabeza de quien efectúa el pago la posibilidad de vindicar el cobro pendiente; de no albergarse esa prerrogativa, por obvias razones, no procede la subrogación … En el caso presente, teniendo en consideración la situación fáctica expuesta y aceptada por los contendientes, es claro que la controversia se refiere a un evento de subrogación legal, emergiendo como fundamento normativo de la misma el artículo 12 Decreto 1771 de 1994 (…) Ahora, al margen de que la misma regla jurídica contemple, de manera expresa, los conceptos de pago que conducirían a esa sustitución de acreedor (subrogación), se torna indispensable establecer, como fue advertido, la naturaleza de la prestación satisfecha, habida cuenta que no podría, en la forma simple como lo reclama el casacionista, habilitarse el reemplazo del acreedor, siendo necesario auscultar el sentido de la norma para determinar cuáles son las situaciones específicas en donde esa regla jurídica autoriza la sustitución de acreedor con miras a hacer efectivo el recobro pertinente sin, siquiera, tener en cuenta las características o esencia del compromiso originario; tal situación refulge incontrovertible. En otros términos, puede existir pago más no subrogación, habida cuenta que ésta, en cuanto a las posibilidades de recobro, pende de la naturaleza del crédito que el tercero satisfizo (…) En síntesis, una vez surja una determinada relación laboral, privada o pública, el empleador está obligado a afiliarse y, a hacer lo propio con sus empleados, al Sistema de Riesgos Profesionales; además, a cancelar las cotizaciones a que haya lugar, sumas de dinero que no pueden tener una destinación diferente que la de responder por las contingencias provenientes de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Las prestaciones consagradas (art. 7 ib.), son de obligatoria causación dentro del Sistema pertinente, una vez acaezca el suceso que las determina, ya sea que la asuma la Administradora de Riesgos Profesionales o, dado el caso, queden radicadas en cabeza del empleador … ante el evento de la muerte del empleado, una vez sea catalogado el mismo como accidente de trabajo, surge la pensión de sobrevivientes como la prestación que corresponde a esa hipótesis, la que se genera en favor de las personas a que alude el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, con sus correspondientes modificaciones. En definitiva, la administradora de riesgos profesionales, por disposición legal, recibe del empleador algunas sumas de dinero para que satisfaga, en el momento oportuno y, cumplidas las exigencias legales, las contingencias provenientes de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, prestaciones entre las cuales aparece, como se advirtió, la pensión de sobrevivientes (…) Ciertamente, esta última prestación no puede entenderse imputada al cubrimiento de un daño emergente o lucro cesante, en los términos de los artículos 2341, 1613 y 1614 del C.C. y bajo esa consideración no procede describirla dentro del concepto de indemnización. Además, el desembolso que, eventualmente, pueda tener lugar, por imperativo legal, estaría a cargo de la administradora de riesgos profesionales o del empleador y se muestra como una prestación proveniente de un sistema (el de riesgos profesionales), dentro del cual las cargas pecuniarias por las contingencias profesionales, entre otras, la pensión de sobrevivientes, están a cargo, exclusivamente, en cabeza de una u otro, según el caso. Es claro que aquella prestación (la pensión de sobrevivientes) constituye un ingreso, luego no puede considerarse un perjuicio. Por último, alrededor del tema, debe enfatizarse que la satisfacción de esa prestación por parte de la actora no tuvo como causa la liberación del tercero de un compromiso suyo (obligado a indemnizar), pues, por un lado, no canceló deuda ajena con recursos propios, sino deuda para la cual, previamente, el comprometido a ello (empleador), por mandato legal, le había hecho entrega de ciertas sumas de dinero (cotizaciones), cuya destinación no podía ser otra que sufragar la prestación económica que el régimen estableció, una vez ocurriera el suceso que desató la obligación de la administradora y, como en el caso subjudice, acaecida la muerte de los empleados, surge el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Sobre el particular, obsérvese que el artículo 80 del Decreto 1295 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993 … Por otro, cuando la disposición señalada (art. 12 Decreto 17171 de 1994), alude al ‘tercero responsable de la contingencia profesional’, es evidente que la empresa demandada no puede ser catalogada como tal, es decir, como tercero, en la medida en que no es ella la que debe asumir la contingencia, esto es, la pensión, habida cuenta que, por ley, le corresponde a la Administradora de Riesgos Profesionales o al patrono.”

 

3. ¿El comprobante de egreso y la solicitud de indemnización son suficientes para demostrar el pago del siniestro que motiva la acción de subrogación promovida a instancia del Asegurador?

Mediante sentencia del 14 de enero de 2015 Exp. No. 00475, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Dr. Jesús Vall De Rutén Ruiz, respondió en forma negativa el presente interrogante, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“Con relación al desatino fáctico planteado en el segundo embate, en el que se enrostra al Tribunal que se equivocó en la valoración del “comprobante de egreso” y de la ‘solicitud de la indemnización’, al deducir que no demuestran el pago del siniestro que origina la subrogación legal en favor la actora, por lo que se predicó su falta de legitimación en la cusa, se determina la inexistencia del ‘error de hecho’ en cuestión, toda vez que tales instrumentos no son conclusivos de que se produjo la solución del derecho de crédito reclamado, aunque evidencian sí el adelantamiento por la compañía de seguros, a instancia de la ‘asegurada’ del trámite de la reclamación tendiente a la cancelación de la respectiva ‘indemnización’, sin que revelen o exterioricen de
manera indubitable la satisfacción de tal obligación, pues basta ver, que no contienen información acerca del ‘medio de pago’ utilizado, esto es, si dinero efectivo, cheque, transferencia electrónica, etc., y a pesar de mencionar como beneficiario a ‘Molino Flor Huila S.A.’, no se expresa que haya recibido el ‘pago’, y la firma y sello del empleado de caja impresas, solo otorgan fe de haberse allí elaborado; por lo que el cuestionamiento atinente a que se “transformó o adulteró la objetividad del documento”, no es verídica. Ahora, los efectos que puedan derivar de la naturaleza jurídica de los citados elementos de juicio, en cuanto de conformidad con las respectivas disposiciones legales tienen el carácter de ‘documentos contables’, tampoco desvirtúan la tesis expuesta por el ad quem (…) Lo anterior permite señalar, que para el caso el ‘comprobante de egreso’ aportado, pudo tener como soporte la “solicitud de indemnización” suscrita por el representante legal de ‘Molinos Florhuila S.A.’, al igual que el informe preparado por la empresa ajustadora ‘Organización Noguera Camacho’, y en virtud de cumplir con lo previsto en las reseñadas normas, cabe predicar su idoneidad para efectuar en los libros de contabilidad de la aseguradora, el asiento de la operación contable a que el primero de los instrumentos se refiere, esto es, la salida de dinero de la empresa, mas no a fin de otorgar plena certeza de que se hizo efectivo el ‘pago de la obligación indemnizatoria’, con el alcance requerido para tener por surtido el requisito establecido por la jurisprudencia de la Sala en punto de la procedencia de la subrogación prevista por el artículo 1096 del estatuto mercantil, que se concreta en la existencia de ‘un pago válido en virtud del (…) convenio’, lo cual supone, además de probar que se efectúa de conformidad con las estipulaciones del contrato de seguro, acreditar que el mismo se realiza a la persona legitimada para recibirlo, esto es, en principio al beneficiario del seguro, o en cualquier caso con ajuste a lo prevenido por el artículo 1634 del Código Civil (…) La referida prueba de la entrega de lo debido a la persona facultada para recibirlo, puede provenir bien del acreedor, o bien de un tercero por intermedio del cual se hubiere cursado el pago (transferencia bancaria) o al cual le conste la convención extintiva, con plena libertad de medios. En caso de que la entrega del dinero o en general de lo debido se efectúe en favor de sucesores a título singular; de terceros autorizados o diputados para recibir, o de poseedores del crédito, deberá probarse
igualmente la legitimación de quien recibe. En todo caso es de advertir que ni siquiera se acreditó dentro del proceso la existencia del respectivo ‘registro contable’, del ‘comprobante de egreso’ con la atestación de llevarse la contabilidad en legal forma (inciso 1º precepto 271 del Código de Procedimiento Civil), dado que en ese evento tales elementos de convicción, en principio habría que considerarlos plena prueba, al menos de la salida del dinero, de conformidad con el artículo 68 del Código de Comercio, pero en ese sentido la actividad probatoria también presenta deficiencias, por lo que la crítica apoyada en ese argumento, no es de recibo … Con relación a la desestimación del valor probatorio del ‘comprobante de egreso’, en consideración a que provenía de la misma parte actora, sin que obrare impresa la ‘firma o sello atribuibles a la entidad beneficiaria de ese desembolso’, estima la impugnante que se equivoca el juzgador, porque da a entender que ‘la única prueba válida es la que provenga del tercero asegurado (…) [en la que reconozca] haber recibido el pago’, por lo que desconoce el aludido postulado consagrado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil. Sobre el particular, se aprecia que no se han transgredido las señaladas reglas probatorias, porque tal como antes se dijo, el sentenciador no es que haya descartado el documento en mención como elemento de convicción, sino que le restó eficacia demostrativa en razón de haber sido creado sin que el tercero beneficiario de la obligación en ese instrumento reflejada apareciera suscribiéndolo o avalando su contenido con la impresión de un sello.”